Os anexo integramente el documento de UPyD con el programa electoral para el parlamento europeo.
Como ya hemos anticipado en otros post de este blog, es el UNICO partido que lleva el tema saharaui
entre su articulado, en concreto en los capitulos “5. Desarrollo de una Agricultura y Pesca europeas modernas y racionales” y en el capitulo “9. Desarrollo de una Política Exterior verdaderamente común” y con el siguiente texto literal:
Capitulo 5, dentro del Punto 35, ….“ Rechazaremos de modo explícito la inclusión de los caladeros y bancos de pesca en aguas de Sáhara Occidental en el tratado de pesca a firmar en breve entre la UE y Marruecos, y que, como paso previo a la firma del Tratado de Libre Comercio en 2010, se exija en el
Parlamento Europeo al gobierno de Marruecos el respeto de las resoluciones de Naciones Unidas sobre Sáhara Occidental.” ….
y dentro del capitulo 9, con un punto absolutamente especifico sobre el sahara (60) …“60. UPyD exigirá que la Política y la Acción Exteriores de la UE respondan siempre a unos principios básicos mínimos como son:
1º)- El respeto a los Derechos Humanos, la legalidad Internacional y las Resoluciones de la ONU. Al respecto, UPyD defenderá específicamente en el Parlamento Europeo el derecho a la autodeterminación y plena independencia del pueblo Saharaui y el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, y denunciará en Europa a Marruecos como ocupante ilegal del Sáhara Occidental,
que a la vez viola los Derechos Humanos de los Saharauis y esquilma sus recursos naturales.” …
Aqui teneis el enlace para bajaros el documento completo en formato PDF y a continuacion el texto completo importado directamente como texto.
UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA UPyD
Elecciones al Parlamento Europeo 2009
PROGRAMA ELECTORAL
Aprobado por el Consejo Político de UPyD el sábado 25 de Abril de 2009 en Madrid
Una España fuerte en una Europa unida.
1. Queremos una Unión Europea más unida, con competencias soberanas y régimen parlamentario.
2. Desarrollo de un marco común sobre Justicia, Ciudadanía Europea e
Inmigración y Sanidad.
3. Desarrollo de una UE responsable con el gasto y el uso de recursos
económicos. Sobre el presupuesto de la Unión Europea.
4. Sobre el Banco Central Europeo (BCE) y la política monetaria.
5. Desarrollo de una Agricultura y Pesca europeas modernas y racionales.
6. Desarrollo de un marco europeo de inversiones e infraestructuras y transportes.
7. Potenciación del concepto de ciudadanía europea a través de la cultura y la educación.
8. Protección del Mercado Interior, del suministro de Energía y del Medioambiente, Urbanismo y Gestión del Territorio.
9. Desarrollo de una Política Exterior verdaderamente común.
10. Una Política de Defensa verdaderamente común.
11. Promoción de la Seguridad Interior en el Marco de la UE.
12. Desarrollar medidas para mejorar la gestión de la Economía a nivel Europeo.
13. Desarrollar medidas para mejorar la gestión del potencial del Euro.
14. Desarrollar una UE líder en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).
15. Fomentar la cooperación y convergencia tecnológica dentro de la UE.
16. Desarrollar una Política Europea de Cooperación Internacional y Desarrollo.
17. Protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores de la UE.
1.- Una España fuerte en una Europa unida
UPyD entiende que la Unión Europea es el marco natural donde se desarrolla la
actividad política española en general. Dentro de este marco europeo común, la
importancia del Parlamento Europeo es cada día más relevante, y UPyD quiere
conseguir en las Elecciones Europeas de junio de 2009 asentar su proyecto
político y
servir a España y a la UE desde el corazón de las instituciones de la Unión.
El Parlamento Europeo dejó de ser una asamblea consultiva, tras los tratados de
Maastricht y Ámsterdam, para convertirse en un órgano legislativo con poderes
presupuestarios y de control, ganando así mayor relevancia dentro del
funcionamiento
comunitario y reforzando el valor democrático de la UE. Su importancia en el
futuro, en
línea con las previsiones del tratado de Lisboa (ratificado en 2008 por España)
le
confiere una importancia que nunca antes ha tenido para el desarrollo
comunitario
europeo.
UPyD desarrollará su labor política ayudando a construir la UE del futuro y
tratando de acercar la propia Unión a los ciudadanos españoles que, tras 23
años en la
UE, aun perciben las estructuras comunitarias como algo lejano. A este
respecto, los
partidos políticos tradicionales siguen desde hace décadas una política confusa
y muy
poco estimulante, lo que ha contribuido a mantener a la opinión publica
española
alejada del trabajo parlamentario europeo, desconociendo la relevancia y el
potencial de
servicio de las estructuras políticas de la Unión. Una razón de este fracaso
radica en que
los partidos tradicionales pocas veces han acometido iniciativas parlamentarias
europeas
que vayan más allá de las conveniencias e intereses propios. Esto ha derivado
en
posturas contradictorias en ámbitos tan relevantes como las políticas europeas
de
inmigración, investigación, acción exterior o empleo.
En esta cita electoral europea, queremos comprometernos con los votantes
españoles en el impulso de la construcción y el desarrollo de la Unión Europea,
con la
convicción de que la feliz evolución de la integración europea es de capital
importancia
para el futuro de España. Nos proponemos conseguir una España fuerte en una
Europa
Unida, entendiendo que una mayor integración política de los Estados europeos
contribuirá a que los ciudadanos españoles disfrutemos de más libertad e
igualdad en un
mundo cada vez más complejo e interrelacionado, en el que los viejos y pequeños
Estados nacionales tienen cada vez más dificultades para influir en la toma de
decisiones capitales.
España debe volver a jugar un papel clave en el desarrollo de la Unión Europea,
ayudando a superar el estancamiento de la pasada legislatura y sus marcadas
contradicciones. UPyD quiere desarrollar una labor profunda y seria en el
Parlamento
Europeo, consolidando una Unión Europea que represente y defienda en el mundo
el
Derecho Internacional, los Derechos Humanos y los valores universales
incorporados en
la Carta de las Naciones Unidas, reconocidos en el marco jurídico-político de
la propia
Unión.
1. Queremos una Unión Europea más unida, con
competencias soberanas y régimen parlamentario.
1. La UE de 2009 (con 27 Estados miembros y 3 países candidatos al ingreso)
necesita un marco institucional adecuado para desarrollar su funcionamiento y
seguir
con el proceso de ampliación de la Unión. Por ello apoyamos la ratificación del
Tratado
de Lisboa, entendido como avance esencial para el desarrollo de la UE. Desde
ese punto
de vista, UPyD animará a todos los Estados miembros a completar la ratificación
de un
tratado crucial para revitalizar la UE de manera coherente. Rechazamos sin
embargo el
acuerdo alcanzado bajo la Presidencia francesa de 2008 (con el apoyo del
gobierno
español) que impide reformar la Comisión Europea según lo establecido en el
propio
Tratado de Lisboa. Entendemos que la necesaria reforma institucional de la UE
no
puede llevarse a cabo sin la reducción del número de Comisarios de la actual
Comisión
Europea (que asigna un Comisario a cada Estado miembro), y sin el oportuno
reforzamiento del papel del Parlamento Europeo, verdadero eje central del
desarrollo
democrático de la Unión. UPyD defenderá la eliminación de las competencias
legislativas que el Consejo de la UE mantiene en la actualidad para regenerar
democráticamente la política europea.
2. Asimismo, y una vez garantizada la puesta en marcha del Tratado de Lisboa
ratificado por todos los miembros de la UE, UPyD defenderá que la Comisión
Europea
se constituya en el verdadero gobierno de la UE, con los Comisarios actuando
como
Ministros del gobierno de la Unión, controlados en su labor por el Parlamento
Europeo,
donde se aprueban las políticas y los presupuestos de la UE, y al margen de
apaños y
acuerdos opacos de última hora entre los diferentes líderes nacionales, y que
por
definición no pueden responder al interés general de los ciudadanos de la
Unión.
Propondremos que el Presidente de la Comisión Europea sea elegido por el
Parlamento
Europeo. El Presidente de la Comisión propondrá a su vez a los candidatos a
Comisarios para su aprobación por la Eurocámara.
3. En su acción parlamentaria, UPyD defenderá que la Comisión Europea
(controlada por el Parlamento Europeo) asuma la coordinación de las políticas
más
relevantes para consolidar el desarrollo y funcionamiento de la UE y que se
mantienen
aun bajo el control de los gobiernos nacionales de los Estados miembros, tales
como
Inmigración, Asuntos Exteriores, Representación Diplomática, y Defensa (entre
otras).
Entendemos que no es posible ni coherente mantener a la Unión sin los
instrumentos
necesarios para reforzar de manera definitiva su acción interna y externa en el
concierto
internacional. Igualmente, apoyaremos el proceso de unificación de criterios y
estándares comunes en todas las materias de políticas internas de la UE,
entendiendo
que es la única manera de construir un marco común y coherente donde los
ciudadanos
de la Unión puedan moverse con libertad.
4. UPyD abogará por reforzar el Parlamento Europeo como único poder
legislativo a nivel europeo, sede de la soberanía y verdadero órgano de representación
de los ciudadanos en la UE, transformando la Unión Europea en una estructura
parlamentaria articulada en un Parlamento ante el que responda la Comisión
constituida
como gobierno de la Unión. UPyD propondrá que dicho Parlamento se estructure en
un
Congreso de Eurodiputados, elegido por un sistema proporcional puro en base a
población. Esta cámara será elegida por sufragio universal en listas abiertas.
5. UPyD promoverá y defenderá en general una simplificación de la burocracia y
del funcionamiento interno de sus instituciones, y en especial en lo relativo
al uso de las
lenguas oficiales en el seno de la misma. Abogará por la reducción de las
actuales 23
lenguas oficiales de trabajo a sólo 5 lenguas -inglés, alemán, francés,
italiano, y
español- por ser las más habladas entre los habitantes de la UE. Todo ello sin
perjuicio
de las políticas de protección y desarrollo de la riqueza lingüística y
cultural de todos
sus países miembros.
6. Política de austeridad y reducción de costes y gastos: en un contexto actual
de
crisis económica y financiera europea en la que muchos millones de ciudadanos
sufren
graves dificultades económicas, UPyD abogará por la racionalización del gasto
de las
instituciones europeas. A tal fin promoverá la simplificación de procesos
burocráticos y
la contención de salarios, y la eliminación de emolumentos u otras partidas
extrasalariales. Sólo la permanencia continuada de los eurodiputados durante un
período
de tres legislaturas dará derecho a la pensión vitalicia actualmente existente.
7. Con el fin de que todos los europeos puedan ver en las instituciones de la
UE
una garantía efectiva de sus libertades, UPyD propone que todos los ciudadanos
puedan
recurrir directamente al Defensor del Pueblo Europeo, de modo que este no vea
en
ningún caso limitadas sus competencias por parte de las autoridades estatales o
autonómicas.
2. Desarrollo de un marco común sobre Justicia,
Ciudadanía Europea e Inmigración y Sanidad
8. UPyD defenderá el desarrollo práctico de la iniciativa legislativa por parte
de
los ciudadanos de la UE, potenciando iniciativas ciudadanas para proponer
proyectos de
ley, y desarrollando la noción de “democracia electrónica”. Propondremos la
creación
de centros públicos locales para la asesoría legal y apoyo operacional (traducciones,
acceso a documentación relevante en los distintos Estados miembros) para que
los
europeos puedan desarrollar verdaderas iniciativas ciudadanas susceptibles de
ser
apoyadas por ciudadanos de los distintos Estados miembros de la UE.
9. UPyD apoyará la unificación práctica de estándares y procedimientos comunes
en el funcionamiento jurídico de la UE y de cada uno de sus Estados miembros.
Esta
unificación resulta esencial para sincronizar legislaciones nacionales en
multitud de
ámbitos y asegurar la cooperación real en casos de extradición y entrega de
presuntos
delincuentes y terroristas, que ahora se amparan en los recovecos de los
diferentes
marcos legales vigentes en la UE para evitar la acción de la justicia. La
unificación de
los estándares y procedimientos comunes está necesariamente ligada al
desarrollo
jurídico y político de la noción de Ciudadanía de la Unión Europea.
10. Defendemos la transferencia a la UE de la gestión de las políticas de
Ciudadanía e Inmigración, estableciendo un Servicio Europeo de Inmigración que
implemente las políticas de integración y de visados comunes, en consonancia
con la
realidad del espacio Schengen y en colaboración con la Agencia Europea de
Protección
de Fronteras (FRONTEX) y con la Agencia Europea de Cooperación Internacional
(EuropeAid). UPyD propondrá la implantación en España de una sede permanente
del
FRONTEX con base en las Islas Canarias, que gestione y coordine la vigilancia
fronteriza en aguas del Atlántico medio y área subsahariana. Propondremos también
que
el Parlamento Europeo supervise y refuerce la cooperación con instituciones
regionales
europeas dedicadas a la lucha contra el Crimen Organizado, tales como EUROPOL,
INTERPOL, y los centros multinacionales especializados SECI y MARRI (con sede
en
Bucarest y Skopje, respectivamente). Ello posibilitará reducir el actual grado
de
desconexión y descoordinación entre Estados europeos, de lo que se benefician
las
mafias internacionales de creciente presencia en la UE y en España en
particular.
11. UPyD apoyará medidas que favorezcan el desarrollo económico y social de
las Regiones Ultra Periféricas RUP, según se plasma en el artículo 299.2 del
Tratado de
la Unión, aprovechando sus valiosas posiciones geoestratégicas para la UE y su
cercanía
a potenciales mercados como África y Latinoamérica, y como plazas de garantía
jurídica para la implantación de plataformas comerciales de carácter
internacional.
12. UPyD entiende que la UE debe asumir las competencias exclusivas en política
de Inmigración, estableciendo un sistema coherente de estándares comunes
(legales y
procesales) a aplicar, y creando un sistema europeo unificado de centros (de
acogida y
atención, y de detención de las mafias que organizan el trafico de seres
humanos) para
articular y coordinar el trabajo de los organismos y agencias europeas
especializadas en
asistencia y seguridad. Promoveremos que la UE desarrolle e implemente una
estrategia
de concienciación de la opinión pública europea sobre la importancia de la
inmigración
ordenada, impulsando políticas de integración y de relación cultural con los
países
origen de la inmigración, y también de respeto de los valores democráticos
europeos por
quienes emigran a la UE. Entendemos que la futura política europea de
inmigración ha
de construirse de la mano de una acción europea general en materia de ayuda al
desarrollo y de co-desarrollo.
Apoyamos la Europa social y la protección de los derechos humanos en todo el
mundo, por lo tanto rechazamos firmemente la Directiva de retorno de
inmigrantes
ilegales aprobada por el Parlamento Europeo en el año 2008, debido a que aborda
la
compleja realidad del fenómeno migratorio exclusivamente desde el punto de
vista de la
seguridad. Entendemos que es difícil compaginar el derecho de cada Estado a
controlar
sus fronteras y el derecho de los inmigrantes a desplazarse y establecerse
libremente en
cualquier país de la UE, pero es una obligación democrática buscar un
equilibrio que
articule el ejercicio de ambos derechos sobre la base del respeto a los
derechos
humanos. Nos comprometemos a dar prioridad a la reparación de los daños que
este
retroceso social ha generado en el ámbito comunitario y promoveremos la
formulación
de una nueva política común de inmigración que tenga como piedra angular el
respeto a
los derechos humanos.
13. UPyD defenderá que el Parlamento Europeo asuma la tarea de diseñar y
supervisar la implantación de un “Programa Europeo de Integración Social y
Laboral de
la Inmigración dentro de la UE”, acompañado de una “Carta Europea de Derechos y
Responsabilidades de los Inmigrantes”, de modo que dicho programa sea aplicado
en
todos los Estados de la Unión, coordinando las distintas políticas implicadas
en el
marco del territorio de la UE, supervisando el uso comunitario de los recursos
necesarios y desarrollando una comunicación y colaboración reforzada con los
países de
origen de la emigración a la UE. En este campo, impulsaremos el desarrollo de
un
Sistema Europeo Común de Asilo y de una estrategia común de lucha contra las
mafias
que perpetran los delitos de tráfico de Seres Humanos, de inmigración ilegal,
de
explotación sexual y de tráfico de órganos, prestando especial atención a la
protección
de menores y mujeres, en consonancia con los Protocolos de Palermo auspiciados
por la
ONU, y de los que la UE es signataria.
14. Para implementar la noción de Ciudadanía de la UE, impulsaremos la
prohibición de que los Estados miembros de la UE puedan suspender, o limitar en
el
tiempo, derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión, tales como la
imposición de moratorias para la libre circulación y establecimiento de
trabajadores
dentro de la UE, que ha dado origen a la segregación entre ciudadanos de
primera y de
segunda en Europa, violando la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
15. Ligado también al impulso de la Ciudadanía europea, y como paso adicional
para combatir la crisis demográfica de la UE, UPyD propondrá la unificación en
la
Unión de un permiso de maternidad mínimo de 20 semanas, en el que las mujeres y
hombres trabajadores (asalariados o autónomos) reciban su salario pleno, al
tiempo que
se promueve el establecimiento de horarios flexibles para las madres
trabajadoras, y
legislando la prohibición de que éstas sean despedidas en el primer año
posterior al
parto. Defenderemos que la UE obligue a los Estados miembros a mejorar las
redes de
guarderías, y que se aumenten los permisos de paternidad de modo sustantivo.
Impulsaremos políticas que tiendan a la homogeneización de las prestaciones
sanitarias
de los ciudadanos europeos.
16. De acuerdo con el concepto de Ciudadanía Europea, apoyamos la igualdad de
los ciudadanos europeos con discapacidad. Entendemos que la Unión Europea debe
asegurar la protección de los derechos de todos sus ciudadanos y luchar
activamente
contra la discriminación, por lo que trabajaremos para:
· que se apruebe una Directiva Europea sobre igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad en
todos los ámbitos.
· que se promueva y supervise la ratificación y aplicación de la Convención
Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
por parte de los Estados miembros y de sus instituciones.
· que la UE promueva y supervise el cumplimiento de la Declaración de Riga del
2006 (“Tecnologías de la Información y la Comunicación para una sociedad
inclusiva”), para avanzar en la accesibilidad a la sociedad de la información.
Además, apoyaremos la iniciativa “Capital Europea de la Accesibilidad
Universal”, que servirá para fomentar la cultura de la accesibilidad universal
en toda
Europa. De poco sirve a las personas con movilidad reducida, o con alguna
discapacidad, la libertad de circulación como ciudadanos europeos si, cuando
llegan a
una ciudad, encuentran barreras de todo tipo que limitan su libertad de movimiento.
3. Desarrollo de una UE responsable con el gasto y el
uso de recursos económicos. Sobre el
presupuesto de la Unión Europea.
17. Proponemos la reducción de las Perspectivas Financieras, que sirven de
marco
a la elaboración de los Presupuestos Anuales, a un período de 5 años en lugar
de los 7
años actualmente vigentes. Son plazos demasiado largos que además se solapan
con los
mandatos de varios Parlamentos.
18. La negociación de las Perspectivas Financieras debe ser independiente de la
determinación del saldo neto de la contribución de cada país al Presupuesto
Comunitario. Las Perspectivas Financieras suelen negociarse, por parte de cada
uno de
los miembros de la Unión Europea, teniendo en cuenta cuál es la incidencia de
cada una
de las políticas comunitarias en su particular saldo financiero con la Unión.
Ello impide
el diseño óptimo de esas políticas, pues se piensa más en su impacto financiero
para
cada país individual que en su capacidad para promover el desarrollo económico
europeo. Por eso proponemos separar ambos aspectos. El saldo financiero neto de
cada
Estado miembro se debería determinar previamente con arreglo a la aplicación de
una
norma sencilla. Una forma de resolverlo es que dicho saldo dependa de la
desviación de
la renta per cápita de cada país con respecto al promedio comunitario, de forma
que sea
positivo para los Estados de menor renta y negativo para los de mayor renta.
Establecido el saldo de cada Estado miembro, los gobiernos pueden negociar el
marco financiero tratando de definir las políticas que, gestionadas desde la
Unión,
conducen a mejorar la eficiencia y que, por tanto, aportan un valor añadido a
las
actuaciones nacionales: I+D, redes de transporte, formación, seguridad, defensa
y
representación exterior.
La distribución del gasto entre los Estados miembros, como consecuencia de las
políticas acordadas, producirá saldos netos diferentes a los previamente
determinados. Y
aquellos países que obtengan un saldo mayor del inicialmente fijado, deberían
compensar posteriormente a los que registren una situación inversa, de modo que
todos
ellos acaben contabilizando el saldo que les corresponde.
19. Se debe dar más importancia a las partidas del gasto común relacionadas con
la Estrategia de Lisboa: I+D, mejora del capital humano, libre movilidad del
conocimiento: en la actualidad, unas tres cuartas partes del gasto en el
presupuesto de la
Unión se centra en el apoyo a la agricultura (PAC) y a las zonas desfavorecidas
de la
Unión (Fondos Estructurales y de Cohesión). Se deberá dar más peso a las
partidas del
gasto relacionadas con la promoción del crecimiento a largo plazo, en
coherencia con la
Estrategia de Lisboa. El gasto en investigación y en formación debería
incrementarse
para complementar y coordinar los esfuerzos nacionales. Mejorar el
funcionamiento del
sistema de patentes a nivel europeo ayudaría también notablemente a asegurar la
libre
circulación del conocimiento.
Además, vemos necesaria la intensificación y aumento del gasto en programas
europeos de intercambio de alumnos y profesorado entre los diversos países
miembros;
programas que, como las actuales becas Erasmus o Leonardo, no sólo suponen una
aportación formativa de primera categoría para los ciudadanos que las
disfrutan, sino
que contribuyen como pocas iniciativas a fomentar un sano europeísmo. UPyD
propone
extender también este tipo de intercambios a los niveles educativos previos a
la
universidad, aspirando a que la educación obligatoria de todo ciudadano de la
UE
incluya un conocimiento efectivo de las realidades europeas que existen más
allá de su
país de origen.
20. Proponemos incrementar los recursos propios mediante un nuevo gravamen
sobre las emisiones de CO2. El presupuesto común es muy pequeño, de sólo el 1 %
del
PIB de la Unión Europea. Esto limita la capacidad de promover iniciativas
comunes. En
el pasado, ha provocado que el coste de las ampliaciones de la Unión hacia
países
relativamente pobres haya recaído sobre los antiguos socios con menor renta per
capita,
al haber más candidatos a recibir ayudas y no muchos más recursos. Por todo
ello, sería
conveniente aumentar los recursos propios de la Unión. Una forma de hacerlo
sería
añadiendo un nuevo recurso propio, el quinto, en forma de gravamen
medioambiental
sobre las emisiones de C02. Ayudaría además a la consecución de objetivos
ecológicos
y de lucha contra el cambio climático.
21. Eliminar el cheque británico e imitaciones posteriores: el cheque británico
y
los otros mecanismos ad hoc que se han ido creando para compensar a los países
que
realizan más aportaciones netas han de suprimirse. Son arbitrarios y van
complicando
progresivamente el funcionamiento del presupuesto con más excepciones
adicionales.
22. Propondremos que el actual sistema de dualidad de sedes de la Eurocámara
(duplicando todo tipo de gastos operativos y logísticos al tener los
europarlamentarios
que trasladarse de la sede en Bruselas a la sede en Estrasburgo, y viceversa,
cada mes)
termine a finales de la legislatura 2009-2014, permitiendo un ahorro
considerable a las
arcas de la UE, que se nutren de los impuestos de los contribuyentes. El
desmesurado
coste económico y medioambiental del traslado cada mes de Bruselas a
Estrasburgo,
unido al impacto negativo en el trabajo del Parlamento Europeo y las crecientes
y
legítimas críticas populares justifican, en opinión de UPyD, terminar con la
dualidad de
sedes y los traslados mensuales a Estrasburgo.
23. Exigiremos más rigor en el control que ejerce el Parlamento Europeo sobre
las
partidas de gasto relacionadas con la acción de gobierno de la Comisión como
órgano
colegiado, y en especial de las partidas asignadas a operaciones desarrolladas
bajo la
Política Europea de Seguridad y Defensa.
4. Sobre el Banco Central Europeo (BCE) y la política
monetaria.
24. El Banco Central Europeo es una de las instituciones centrales de la Unión
Europea. Su papel se centra en el desarrollo y control de la política monetaria
y es, por
ello, una clave fundamental para la superación de la crisis financiera actual.
El BCE
debe promover la estabilidad financiera y generar así el marco que se requiere
para
favorecer el desarrollo económico. Con esa finalidad, hay algunas reformas muy
necesarias.
25. Se debe mejorar la transparencia del BCE mediante la publicación de las
actas
del Consejo de Gobierno y de las predicciones de inflación: otros bancos
centrales
mantienen políticas de mayor transparencia que el BCE. Tras reunirse para
modificar
los tipos de interés, publican el sentido del voto de las personas con poder
para tomar la
decisión así como el contenido de sus argumentos. Esta transparencia daría más
credibilidad a las decisiones del BCE, permitiendo disponer al público de toda
la
información en la que se sustentan.
Con respecto a las previsiones de inflación, sería necesario conocer el modelo
que se utiliza para realizarlas, así como establecer un rango de probabilidades
entre
distintos escenarios.
26. Proponemos un Consejo de Gobierno del BCE menos numeroso y más
independiente. El Consejo de Gobierno del BCE es el órgano que toma las
importantísimas decisiones de política monetaria, de mantener o modificar los
tipos de
interés, para el conjunto de la zona del euro. Lo forman los 6 miembros del
Comité
Ejecutivo del BCE más los 15 gobernadores de los bancos centrales nacionales de
los
países de la zona del euro, es decir, 21 personas. Es un grupo excesivamente
numeroso.
Lo será aún más con las sucesivas ampliaciones de la Unión Monetaria, pese al
sistema
de rotación previsto para el voto. Cada nuevo gobernador asistirá a las
reuniones del
Consejo e incluso con la rotación en el uso del voto habrá 21 votantes. Sería
mejor
limitar la decisión a un grupo menor y del máximo nivel de conocimientos.
27. Proponemos reformar el objetivo de inflación que persigue la política
monetaria común del BCE. Un 2 % de inflación, medida a partir del Índice de
Precios al
Consumo Armonizado (IPCA), como tope máximo es un objetivo demasiado
restrictivo. El 2 % debería ser el centro de una banda de fluctuación,
permitiendo sin
intervenir fluctuaciones de un punto porcentual en torno al valor central.
Además del
IPCA, el Banco Central Europeo debería considerar otros elementos, en especial
el
precio de los activos financieros e inmobiliarios para poder actuar con
prontitud cuando
se generen burbujas especulativas como la que ha dado lugar a la crisis actual.
Debería
hacerse explícito también que la política monetaria tendrá en cuenta la
producción y el
empleo, no sólo la inflación, entre los objetivos que guían su toma de
decisiones.
28. Proponemos dar al BCE el papel de supervisor bancario. Actualmente la
supervisión bancaria en los países de la zona del euro reside en los bancos
centrales
nacionales. La reciente experiencia de la crisis financiera ha puesto de
manifiesto que la
multiplicidad de los regímenes de supervisión ha sido aprovechada por algunas
entidades crediticias para escapar del rigor y la prudencia que se requieren en
los
mercados financieros. Por ello, y teniendo en cuenta el carácter internacional
de las
operaciones financieras, el BCE debería coordinar la supervisión que ejercen
los bancos
centrales nacionales, armonizando sus normas y acordando las mejores prácticas
en este
terreno.
29. Proponemos reformar el Pacto de Estabilidad, dando más flexibilidad a los
países con poca deuda pública. En su diseño actual, el Pacto sólo tiene en
cuenta el
déficit público. Esto es un error, pues se trata de la misma manera a países
con
gobiernos muy endeudados y a otros que lo están poco. Los segundos deberían
tener un
mayor margen permitido para incurrir en déficit público.
30. Proponemos la reforma del Pacto de Estabilidad mediante la introducción de
penalizaciones no económicas. Tal como está diseñado, el Pacto adolece del
defecto de
que penaliza económicamente a gobiernos que ya atraviesan por dificultades
presupuestarias, lo que contribuirá a agravar sus problemas. Una alternativa
consistiría
en introducir penalizaciones no económicas para los gobiernos infractores, como
una
disminución temporal del poder de voto en el Consejo de la Unión Europea.
31. Proponemos mejorar la coordinación de las políticas fiscales entre sí y con
la
política monetaria, creando una gobernanza económica europea. Las políticas
fiscales
de los Estados miembros de la Unión Europea son diferentes entre sí. Ello puede
dar
lugar a contradicciones con la política monetaria común y, en una situación de
crisis, a
reacciones proteccionistas incompatibles con los objetivos de creación de un
espacio
económico común. Por ello es necesario progresar en la coordinación de las
políticas
fiscales, singularmente en el terreno de la armonización de algunos
instrumentos
impositivos, como el impuesto de sociedades, y también de las intervenciones
públicas
horizontales o sectoriales.
También las instituciones europeas que pueden definir un marco común de
actuación en el terreno económico deben reforzarse hasta lograr un sistema de
gobernanza del que participen todos los estados miembros.
5. Desarrollo de una Agricultura y Pesca europeas
modernas y racionales
32. Proponemos una Política Agrícola Común (PAC) y una Política Pesquera
Común (PPC) enfocadas, desde una perspectiva productiva, a primar la
conservación y
rentabilización a largo plazo de los suelos productivos y de los bancos
pesqueros, junto
a una adecuada conservación y gestión del agua como recurso productivo crucial
a nivel
europeo. Desde una perspectiva social y humana más ambiciosa, UPyD se
comprometerá a impulsar iniciativas encaminadas a aportar los instrumentos
necesarios
para que la PAC y la PPC respondan, dentro y fuera de las fronteras de la UE, a
los
fines de mejora de la calidad de vida, conforme a los principios de salud y
existencia
digna de los ciudadanos.
33. La UE debe dar sentido económico real a la “orientación del mercado”,
dejando que sean los propios sectores productivos los que señalen los objetivos
operativos a medio y largo plazo de la PAC y la PPC, convirtiéndose así en el
instrumento principal de la autorregulación, el conocimiento, la contratación y
la
profesionalidad de la PAC y la PPC. Se trata de regular la PAC y la PPC a
través del
seguimiento permanente de la realidad productiva y la anticipación prospectiva.
Desde
esta perspectiva, las asociaciones profesionales productivas, adecuadamente
reguladas,
son las mejor posicionadas para proporcionar un conocimiento exhaustivo de la
realidad, estructurar las relaciones mercantiles mediante fórmulas
contractuales y
fomentar la unificación de la oferta en los niveles en que ésta se halla
excesivamente
atomizada. La UE, por su parte, podrá emplearlas para articular políticas
comunes
destinadas a contrarrestar las actuaciones especulativas, prevenir posiciones
abusivas,
preservar el medio ambiente y el medio rural y marino. Entendemos que el
interés de las
agrupaciones profesionales de Europa está en asegurar las mismas condiciones
competitivas para todos sus miembros, como garantía contra las iniciativas
administrativas locales, regionales o nacionales que pueden alterar la unidad
de mercado
dentro de la UE.
34. Propondremos que tanto la PAC como la PPC respondan a una realidad
económica y medio ambiental de dimensiones globales, relacionándolas
profundamente
con la Política Europea de Cooperación Internacional y Desarrollo. Desde esta
perspectiva, UPyD defenderá que la UE busque acuerdos internacionales que
estimulen
el intercambio de productos en igualdad de exigencias productivas,
salvaguardando los
objetivos de calidad y de seguridad alimenticia. Entendemos que la UE no puede
fomentar la degradación del medio ambiente en países emergentes, ni tolerar que
si un
producto tóxico o una técnica insegura es inadecuadas para la salud de sus
trabajadores,
no lo sea para la salud de los trabajadores de países terceros. Tampoco tiene
sentido que
la UE se esfuerce por impedir la presencia de “biocidas” en alimentos
comunitarios si
luego admite su presencia en alimentos importados.
35. En la protección del medio ambiente, proponemos que los acuerdos firmados
por la UE velen siempre porque las condiciones laborales de los trabajadores
del sector
agrícola y pesquero en terceros países respondan a los principios de la Carta
de los
Derechos Humanos y en ningún modo puedan estimular la emigración ilegal o la
explotación. Defendemos que las relaciones con la Unión Mediterránea, África,
Rusia y
los países de la antigua órbita soviética ocupen un lugar prioritario dentro
del programa
de acuerdos a desarrollar por la UE. Rechazaremos de modo explícito la
inclusión de los
caladeros y bancos de pesca en aguas de Sáhara Occidental en el tratado de
pesca a
firmar en breve entre la UE y Marruecos, y que, como paso previo a la firma del
Tratado de Libre Comercio en 2010, se exija en el Parlamento Europeo al
gobierno de
Marruecos el respeto de las resoluciones de Naciones Unidas sobre Sáhara
Occidental.
También promoveremos una relación específica con la América latina como área de
relaciones prioritarias para la UE.
36. Finalmente, ahondando en el verdadero sentido de la Europa de las Regiones,
UPyD promoverá en la Eurocámara que la política agraria deje de ser una mera
política
de rentas para transformarse en una política territorial que estructure la
explotación de
los recursos naturales de la UE y contribuya a una distribución demográfica
equilibrada.
37. Defendemos que el Parlamento Europeo establezca unos parámetros políticos
comunes para que las políticas hídricas en los Estados miembros de la UE
respeten unas
condiciones aceptables comunes. En este ámbito, UPyD entiende que la
articulación de
una gestión eficiente del agua (desde las perspectivas económica, social y
medioambiental) debe establecerse salvaguardando la unidad de las Confederaciones
Hidrográficas por encima de las divisiones territoriales, delegando en ellas
parte del
régimen de actuación. Esta cuestión presenta además a escala europea un
componente
transnacional que requiere el desarrollo de una verdadera política propia en el
marco de
la UE. Por ello promoveremos que el sistema de autogestión de las
Confederaciones
Hidrográficas se complete con la creación de un órgano europeo común de gestión
del
agua encargado de velar por la adecuación de la gestión de este recurso natural
al interés
común de los ciudadanos de la UE.
38. Con relación a los países en vías de desarrollo, parece poco coherente
apostar
por la ayuda a los mismos mientras que al mismo tiempo se ponen trabas y
gravámenes
de todo tipo a los productos con que estos países tratan de entrar en nuestros
mercados
(especialmente, los productos agrícolas). Por ello defendemos la eliminación de
aranceles para los productos agrícolas y ganaderos con los que los países en
desarrollo
tratan de comerciar con Europa.
6. Desarrollo de un marco europeo de inversiones e
infraestructuras y transportes
39. UPyD defiende que la Eurocámara se involucre de lleno en coordinar y
supervisar el desarrollo de un plan integral de infraestructuras en el marco de
la UE que,
en cooperación con las distintas administraciones de los Estados miembros y con
la
empresa privada y la investigación universitaria, dé lugar a un conjunto de
redes
europeas aeroportuarias, ferroviarias y de autopistas coherentes. Su desarrollo
tendrá un
impacto directo en la revitalización del empleo en una época de crisis como la
actual,
ayudará a unificar estándares y servicios para los ciudadanos de la EU (residan
donde
residan), y articulará el desarrollo sostenido en las distintas regiones de la
Unión.
Igualmente, UPyD exigirá que la Eurocámara ejerza un estricto control sobre el
equilibrio entre el reparto de los fondos FEDER y del Fondo Social Europeo, y
del
gasto derivado de este plan de desarrollo de infraestructuras en los distintos
Estados
miembros.
40. Promoveremos el debate en la Eurocámara para la creación de una Agencia
europea que centralice y asuma las competencias de gestión de tráfico aéreo
civil,
supervisión de aeropuertos y seguridad e inspección de aeronaves en el conjunto
de la
Unión. Ello es cada vez más necesario para asegurar un funcionamiento coherente
en
bases a estándares operativos profesionales unificados.
41. UPyD pedirá que la próxima Agencia Social Europea 2010-2014 se base en
las vicisitudes sociales y económicas actuales causadas por la crisis financieroeconómica
mundial, potenciando el diálogo social en la nueva dinámica de las
relaciones industriales y desarrollando un nuevo cuadro reglamentario con
nuevas
formas de trabajo, que eviten las situaciones de explotación y precariedad
laboral en el
conjunto de la UE. Igualmente impulsaremos la inclusión en dicha Agenda Social
de
medidas dirigidas a promover la cohesión social y la lucha contra la pobreza,
así como
que se favorezca la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos a través
de unos
servicios públicos de calidad, todo ello en la línea de reforzar el modelo
social europeo.
42. UPyD impulsará la unificación en toda la UE de la normativa relativa a la
circulación de tráfico rodado (límites de velocidad, tasas y peajes de
vehículos pesados,
normativa sobre el transporte de mercancías, sanciones y licencias).
7. Potenciación del concepto de ciudadanía europea
a través de la cultura y la educación
43. Para potenciar realmente el desarrollo de la noción de Ciudadanía de la UE,
entendemos necesario el establecimiento de unos estándares comunes relacionados
con
la promoción del conocimiento de los ciudadanos sobre la realidad
geográfico-política
de la UE, de sus Estados miembros y de su diversidad natural, cultural y
humana. UPyD
defenderá que los contenidos de dicha asignatura deberán ser decididos por un
Consejo
de Expertos elegido por el Parlamento Europeo, cuyo trabajo se centrará en
recoger la
realidad de la UE en la actualidad, evitando profundizar en debates históricos
politizados que provoquen tensiones y enfrentamientos entre los pueblos de la
Unión
Europea.
44. En los países de la UE con varias lenguas oficiales, defenderemos el
derecho
de los padres a que sus hijos reciban enseñanza en la lengua oficial del Estado
evitando
cualquier tipo de discriminación, protección que se extenderá a los ámbitos de
la
Administración, la Sanidad y el Empleo. Promoveremos la introducción
obligatoria, en
la enseñanza primaria de todos los Estados miembros de la UE, del estudio de
dos
idiomas de la Unión distintos al oficial de cada Estado miembro a fin de
fomentar el
conocimiento mutuo, la comunicación y la integración entre los ciudadanos y los
Estados miembros de la UE.
45. En relación con la estandardización de la enseñanza universitaria en el
marco
de la Unión, UPyD defenderá en la Eurocámara la clarificación de los criterios
de dicha
estandarización con vistas a superar el actual nivel de confusión y
manipulación
partidista en los Estados miembros. Esta situación se está utilizando (por
ejemplo, en
España) para alentar postulados nacionalistas y sentimientos anti-europeos de
manera
inadmisible. Promoveremos la vuelta al Proceso de Bolonia original (suscrito en
1999
para crear el Espacio Europeo de Educación Superior, EEES) para ayudar a
corregir la
deriva caótica de la reforma universitaria en curso en varios Estados miembros,
especialmente en España, donde lejos de la sencillez y claridad del documento
oficial de
1999, el modo de adaptación al Proceso de Bolonia ha resultado verdaderamente
caótico
y contradictorio, suscitando numerosas protestas en el ámbito universitario.
46. En consecuencia promoveremos la revisión, en el Parlamento Europeo, de la
manera en que se ha desarrollado el Proceso de Bolonia en los Estados miembros
de la
UE, para impulsar la coordinación y estandarización necesarias entre los
sistemas
universitarios de la Unión, esencial también para facilitar la movilidad de los
ciudadanos dentro de la UE. Defendemos la vuelta al proyecto original de
Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), depurándolo de las numerosas desviaciones
y
añadiduras perjudiciales que ha sufrido en el curso de su caótica gestión en
las
instituciones gubernamentales y universitarias a nivel nacional.
47. UPyD promoverá la armonización de la aplicación y cumplimiento de los
derechos humanos y de la libertades fundamentales en los estados miembros, con
especial atención en aquellos firmantes de los tratados o /y convenios vigentes
en la
Unión, en especial: “Carta Europea de derechos fundamentales”,
“Convenio para la
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”,
“Carta europea
de las lenguas regionales o minoritarias”, “Instrumento de ratificación de
la CELRM” y
en particular lo establecido en su artículo 8, que subraya que “en materia
de enseñanza
y, por lo que se refiere al territorio en que se hablan dichas lenguas y según
la situación
de cada una de ellas, sin perjuicio de la enseñanza de la(s) lengua(s) del
Estado”.
También se hará especial hincapié en el respeto al Pacto Internacional de
Derechos
Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, al Acta Final de Helsinki de 1975 y
al
documento de la reunión de Copenhague de 1990 y al valor de lo intercultural y
del
plurilingüismo, considerando que la protección y el fomento de las lenguas regionales
o
minoritarias no debería hacerse en detrimento de las lenguas oficiales y de la
obligación
de aprenderlas correctamente.
48. Promoveremos que la UE vele porque cada Estado miembro tenga establecido
su propio Espacio Universitario propio a nivel nacional como requisito para
acceder al
Espacio Universitario Europeo de manera ordenada, lo que implica en cada Estado
miembro: revisar a fondo el concepto y práctica de la autonomía universitaria,
separando la gestión económica y administrativa de la académica y científica,
revisar la
financiación y administración de las universidades, y revisar el catálogo de
titulaciones
universitarias. Todo ello con el objetivo de facilitar la movilidad de docentes
y
estudiantes entre las distintas universidades y la homogeneización de las
titulaciones
impartidas a nivel nacional, como paso previo y esencial para potenciar la
movilidad
real a nivel europeo, dotando así a la UE de un verdadero Espacio Universitario
propio
que haga de Europa un referente mundial en el ámbito de la Educación Superior.
Apoyaremos el desarrollo y extensión del programa Erasmus, promoviendo que cada
vez un mayor número de estudiantes universitarios, tengan la posibilidad de
realizar un
curso de su carrera en una universidad de otro país de la UE, favoreciendo de
esta
manera el intercambio cultural y el fomento de la ciudadanía europea.
8. Protección del Mercado Interior, del suministro de
Energía y del Medioambiente, Urbanismo y
Gestión del Territorio
49. Entendemos primordial reforzar el papel de la UE como articuladora del
mercado interior de la Unión, en multitud de ámbitos que ahora provocan
intranquilidad
para los ciudadanos europeos. Así, es esencial dotar de mayor peso a la UE en
el
mercado interior de la energía recientemente pactado por los veintisiete
Estados
miembros de la Unión. En el caso Lukoil-2008, se insinuó que la petrolera
estatal rusa
podía hacerse con parte del control del sector energético español y se comprobó
que los
“mecanismos de reciprocidad” que se pueden usar para restringir las inversiones
de
países terceros en el sector energético de los Estados miembros de la UE están
exclusivamente en manos de los gobiernos nacionales. UPyD defenderá que el
Parlamento Europeo pueda intervenir en estas materias para prevenir que intereses
estratégicos esenciales para el futuro de la UE (como lo son las empresas
europeas del
sector energético) puedan ser adquiridas por empresas estatales de terceros
países, que
pasarían a controlar en gran parte el futuro económico, medioambiental y político
de la
UE.
50. En el área de las políticas culturales, UPyD considera que hoy en día
tienen un
protagonismo excesivo (cuando no único) los gobiernos estatales e incluso (como
ocurre de modo paradigmático en España) los gobiernos regionales. Ello hace que
el
fomento de nuestra cultura común europea quede capitidisminuido frente a un
fomento
exagerado y creciente de los aspectos culturales más idiosincrásicos de cada
pequeño
terruño. Proponemos, por consiguiente, articular medidas e incluso
instituciones (como,
por ejemplo, una Agencias para la Promoción Cultural Europea) que favorezcan
una
mayor atención a los elementos culturales comunes del legado europeo. En este
sentido,
sería deseable intensificar el apoyo a iniciativas (como congresos,
publicaciones,
proyectos de investigación, intercambio cultural, programas de estudios
europeos, etc.)
que pudieran fortalecer nuestra conciencia de pertenecer a un proyecto europeo
común.
51. UPyD propondrá la eliminación de las trabas existentes a la libre
circulación
de bienes en el sector automovilístico a fin de fomentar la libre competencia y
la
creación de un mercado único del automóvil. Igualmente propondrá la posibilidad
de
que los ciudadanos de la UE puedan adquirir un vehículo en cualquier país de la
Unión
y de conducirlo en su país de origen sin tener que volver a matricularlo.
52. UPyD impulsará la potenciación de la red NESCO, de identificación de
riesgos al suministro de energía a la UE. UPyD entiende que los problemas
derivados de
la dependencia energética se han manifestado con los incidentes de los últimos
años en
el transporte de gas y petróleo desde Rusia a través de gasoductos y oleoductos
por
Ucrania y Bielorrusia. UPyD defenderá la necesidad de que la UE mejore su
seguridad e
independencia energética frente a Rusia y países terceros, desarrollando un
plan europeo
de emergencia energética, diversificando las rutas de abastecimiento con el
desarrollo
de proyectos clave de infraestructuras, reforzando la vigilancia de sus
reservas
petrolíferas y de gas, potenciando las fuentes de energías alternativas y
abriendo un
debate profundo desde la Eurocámara sobre las posibilidades de la energía
nuclear para
uso exclusivo civil.
53. UPyD hará bandera de la protección del medioambiente en la UE y en el
mundo. Propondremos hacer hincapié en la necesidad de articular una política
común
europea para la preservación de los recursos naturales de la Unión,
especialmente del
agua.
54. Promoveremos en las instituciones europeas una lucha decidida contra la
corrupción ligada a los procesos de gestión y ordenación del territorio,
especialmente en
materia de urbanismo, en la línea del Informe Auken aprobado por el Parlamento
Europeo en marzo de 2009. Con este objetivo, instaremos la adopción de las
siguientes
medidas concretas:
a) La centralización de las competencias sobre ordenación del territorio a
nivel
nacional, con el fin de impedir la prevalencia de pequeños intereses económicos
locales,
de ámbito municipal o autonómico, sobre el interés general y superior de la
preservación del territorio, del paisaje y de la sostenibilidad del hábitat.
b) La exigencia de una declaración exhaustiva de los bienes e ingresos de los
cargos públicos ligados a los procesos de ordenación y gestión del territorio,
especialmente a la recalificación de suelo, planes generales de urbanismo y
similares.
c) La clarificación de los límites del “interés social” alegado por las
administraciones en los proyectos de urbanización y recalificación de suelo.
d) La profundización del derecho a indemnizaciones justas en los casos de
expropiación de suelo a particulares por motivos de interés general.
e) UPyD promoverá en las instituciones europeas que insten al Estado español a
una lucha decidida contra la corrupción ligada a los procesos de gestión y
ordenación
del territorio, especialmente en materia de urbanismo, toda vez que ello afecta
a
cuestiones en las que la UE tiene competencia.
55. Promoveremos la defensa activa, en las instituciones europeas, del medio
ambiente y del paisaje en las operaciones de desarrollo urbanístico y de
infraestructuras,
impulsando la adopción de medidas legales que garanticen la disponibilidad de
recursos
suficientes y adecuados a los proyectos de urbanización que se acometan,
especialmente
en regiones escasas en recursos básicos como suelo o agua, o particularmente
sensibles,
valiosas o frágiles en materia medioambiental y paisajístico.
9. Desarrollo de una Política Exterior verdaderamente
común
56. UPyD entiende la Política Exterior como uno de los ámbitos esenciales en
los
que el Parlamento Europeo y la Comisión (controlada por la Eurocámara) deben de
asumir las competencias tradicionalmente reservadas a los Estados miembros,
desarrollando una política internacional de la UE que vele por los intereses de
la Unión
y de sus ciudadanos. Ello implica desarrollar en el Parlamento Europeo un
programa
coherente y consolidado con los intereses estratégicos de la UE en el mundo
globalizado
del siglo XXI.
57. Para implementar esta propuesta, defenderemos en Bruselas que se unifiquen
los elementos tradicionales de la acción exterior para dar lugar a una
verdadera acción
común europea. El puesto de Comisario de Relaciones Internacionales asumirá las
competencias del cargo de Alto Representante para la Política Exterior Común,
coordinando el trabajo de los distintos ministros de Asuntos Exteriores de los
Estados
miembros y asumiendo paulatinamente la exclusividad de la representación
exterior de
la UE, y rindiendo cuentas al Parlamento.
58. Para apoyar la labor del Comisario de Relaciones Internacionales, UPyD
defenderá además que se cree el Cuerpo Diplomático de la UE, asumiendo las
competencias de los actuales 27 Cuerpos Diplomáticos existentes en la
actualidad.
Proponemos que sea el propio Parlamento Europeo el que regule el modo de acceso
a la
carrera diplomática, los programas propios de formación de los diplomáticos
europeos,
y las labores propias de dicho Cuerpo de funcionarios de la UE. Igualmente y
como
desarrollo operativo lógico, proponemos la unificación del sistema consular y
de
embajadas, fusionándolo con la red actual de delegaciones de la propia Comisión
Europea, y llegando a todos los lugares del planeta. Ello incidirá en un
reforzamiento
espectacular de la Acción Exterior de la UE al servicio de sus ciudadanos;
reducirá
drásticamente los niveles de gasto proveniente del bolsillo de los
contribuyentes;
incidirá decisivamente en el desarrollo de la noción de Ciudadanía Europea; y
conducirá
irreversiblemente a la superación de los actuales niveles de duplicación,
ineficiencia e
incompatibilidad de la Acción Exterior común.
59. UPyD defenderá que la Eurocámara defina la postura de la UE a defender en
los distintos ámbitos a través de la pertenencia a las diversas Organizaciones
Internacionales, unificando la presencia en dichos organismos como exclusiva de
la UE
y no de los Estados miembros (desde el derecho de veto en el Consejo de
Seguridad de
la ONU, hasta la reforma de la OTAN para unificar la presencia de los Estados
miembros de la UE).
60. UPyD exigirá que la Política y la Acción Exteriores de la UE respondan
siempre a unos principios básicos mínimos como son:
1º)- El respeto a los Derechos Humanos, la legalidad Internacional y las
Resoluciones de la ONU. Al respecto, UPyD defenderá específicamente en el
Parlamento Europeo el derecho a la autodeterminación y plena independencia
del pueblo Saharaui y el reconocimiento de la República Árabe Saharaui
Democrática, y denunciará en Europa a Marruecos como ocupante ilegal del
Sáhara Occidental, que a la vez viola los Derechos Humanos de los Saharauis y
esquilma sus recursos naturales.
2º)- El respeto a la integridad territorial de la UE, entendida como la
integridad
del territorio de sus Estados miembros, a la hora de diseñar las relaciones
políticas con terceros Estados, algo esencial para salvaguardar la integridad
territorial española frente a Marruecos.
3º)- El respeto a los demás tratados internacionales relevantes, asumiendo la
UE
las responsabilidades de los Estados miembros signatarios originales. En este
sentido, UPyD defenderá que la UE sea la única signataria de tratados
internacionales en el futuro, tras haber sometido a debate en la Eurocámara
cada
propuesta de acción internacional. Las delegaciones diplomáticas de terceros
Estados serán acreditadas ante el Presidente de la Comisión Europea.
La Defensa de los Derechos Humanos debe continuar como una seña de identidad de
la
Política Exterior de la UE, y en ese sentido apoyamos que la UE mantenga una
postura
firme y de denuncia de los regímenes totalitarios existentes en cualquier parte
del
mundo, mostrando su solidaridad activa con aquellos movimientos cívicos y
sociales
que luchen en dichos países por sus libertades democráticas.
10. Una Política de Defensa verdaderamente
común
61. Proponemos la creación de las Fuerzas Armadas de la UE, entendiendo que la
seguridad de la Unión (basada en una doctrina militar europea unificada) debe
ser
autónoma y poseer las capacidades militares suficientes para asegurar su propia
defensa,
concibiendo la seguridad de forma compartida y la defensa colectiva de todos
los
Estados miembros de la UE. UPyD entiende que la existencia de un sistema
coherente
de Defensa propio es una condición básica para desarrollar una auténtica
política
exterior creíble. Dicho sistema será compatible con la OTAN, evitando
duplicidades en
el cumplimiento de misiones.
62. UPyD promoverá el fortalecimiento de la Agencia Europea de Defensa, como
elemento integrador en materia de seguridad y defensa conducente a una política
común
de defensa en la Unión, que armonice las necesidades operativas y corrija el
déficit
actual existente de capacidades entre los Estados miembros, desarrolle y
refuerce la
base industrial y tecnológica del sector armamentístico, racionalizando los
gastos de
defensa.
11. Promoción de la Seguridad Interior en el
Marco de la UE
63. Proponemos la creación de un Cuerpo Policial Europeo con despliegue y
competencias en todo el territorio de la Unión, encaminado a optimizar la lucha
contraterrorista, la inmigración ilegal, el crimen organizado, el narcotráfico
y el
blanqueo de capitales, y favoreciendo la cooperación real entre los distintos
cuerpos
policiales existentes en la actualidad, hasta completar su integración en el
Cuerpo
Policial Europeo.
64. Proponemos reforzar las capacidades del Centro Conjunto de Situación de la
UE para el análisis de la Inteligencia, para hacer más eficaz la coordinación
de la lucha
contra el Crimen Organizado y la lucha antiterrorista. También la creación en
todos los
Estados miembros de plataformas centralizadoras de inteligencia que puedan
reunir
todas las informaciones y datos de sus servicios policiales, de espionaje y
diferentes
agencias, promoviendo la cooperación en el futuro con el Cuerpo Policial
Europeo.
65. UPyD impulsará la potenciación de ENISA, Agencia de Seguridad
Informática y de Redes de la Unión Europea, a fin de poder obtener métodos más
organizados para salvaguardar la seguridad de Internet. Actualmente, el 30% del
mercado global depende de la informática. En 2007, el “spam” causó pérdidas de
alrededor de 64,5 billones en de euros, el doble que hace tan solo 2 años
antes.
12. Desarrollar medidas para mejorar la gestión
de la Economía a nivel Europeo
66. UPyD impulsará el desarrollo de una normativa propia de la UE que permita
una mayor capacidad de supervisión del sistema financiero, reforzando el
control sobre
las Agencias de Calificación de Rating, para lograr mayor transparencia y
seguridad en
las operaciones en los mercados derivados de crédito, evitando así que ciertas
empresas
(como Lehman Brothers) puedan obtener la máxima calificación, triple A, el día
anterior a su quiebra.
67. Proponemos regular la seguridad de los depósitos para incrementar la
protección de los ahorradores, al tiempo que defender la consecución de más
transparencia en la ejecución de la política monetaria con el objeto que el
Ecofin asuma
como propios los objetivos de inflación previstos por el Banco Central Europeo.
13. Desarrollar medidas para mejorar la gestión
del potencial del Euro
68. Proponemos condicionar la incorporación de un nuevo país a la Zona Euro al
cumplimiento sostenible de criterios de convergencia nominal y real, y al
análisis del
impacto de su incorporación sobre la Zona Euro, reabriendo el debate en la
Eurocámara
sobre la incorporación al Euro como una opción, no como una obligación.
69. UPyD defenderá mejorar la coordinación de las políticas fiscales para hacer
frente a perturbaciones no específicas que requieran una acción común dotando
al
Eurogrupo del reconocimiento institucional que permita reforzar su capacidad de
decisión en materia fiscal como paso previo a la constitución de un Consejo
Europeo de
Política Fiscal, y otorgando mientras tanto al Presidente del Eurogrupo la
representación
de la zona Euro en los organismos financieros internacionales. Igualmente, UPyD
propondrá introducir, en el seno del Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
incentivos a la
disciplina fiscal también en épocas de crecimiento económico.
70. UPyD impulsará una política destinada a dotar al Eurogrupo de mecanismos
que permitan una acción conjunta en situaciones de crisis u otras situaciones
que
requieran la coordinación, como es el caso de las reformas en el mercado de
trabajo y
bienes así como en regulación financiera. Igualmente desde UPyD se pedirá que
se dote
al Eurogrupo de capacidad para emitir recomendaciones formales a los países
que, por
no llevar a cabo las necesarias reformas económicas, pongan en riesgo la
estabilidad
económica o el funcionamiento de la Unión Monetaria.
14. Desarrollar una UE líder en Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i)
71. Entendemos que la promoción de iniciativas de calidad en el trinomio
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) es el reto más importante que
tienen
España y la Unión Europea para ser competitivos en la senda del progreso, del
desarrollo económico y del bienestar social. Por tanto, impulsaremos el
desarrollo de un
verdadero “Programa Europeo de I+D+i” de investigación, desarrollo e innovación
a
largo plazo, generando un marco donde las empresas europeas puedan planificar
su
estrategia de forma sostenible, y un entorno favorable para el establecimiento
de
empresas de base tecnológica, capital financiero especializado y capital humano
cualificado. También defenderemos que la UE impulse decididamente la inversión
en
energías renovables.
72. UPyD impulsará medidas para crear una “Agenda Estratégica de la I+D+i
Europea” a largo plazo, que fomente la sociedad del conocimiento y el
desarrollo de un
tejido empresarial innovador basado en el conocimiento que apoye la
transferencia de
conocimientos y tecnología a sectores tradicionales poco innovadores.
Defendemos que
la UE asuma la coordinación efectiva todas las medidas específicas y por
sectores en
cada Estado miembro dentro de la “Agenda Estratégica de la I+D+i Europea”,
convirtiendo a la propia UE en un entorno sociopolítico y regulatorio estable y
favorecedor de la innovación.
73. Promoveremos que el “Programa Europeo de I+D+i” incluya medidas clave
como la mejora de los incentivos fiscales a la investigación (para impulsar el
abordaje
de nuevos proyectos de I+D+i, y fomentar la captación de inversiones
extracomunitarias); la creación de un “Fondo de Fondos” mixto público-privado
de
Capital Riesgo especializado por sectores de producción para superar el retraso
histórico
europeo con respecto a EE.UU. en la apuesta por sectores tecnológicos de alto
riesgo y
en la generación de herramientas financieras adecuadas que permitan apostar por
grandes proyectos innovadores a largo plazo; la mejora de las condiciones
laborales del
personal investigador joven para atraer a los mejores talentos del mundo y,
sobre todo,
evitar la preocupante “fuga de cerebros” que está sufriendo la UE, problema de
extrema
gravedad cuando nos referimos a España; la apuesta por la apertura de mercados
y la
internacionalización de empresas, productos y servicios innovadores mediante
incentivos económicos y logísticos desarrollando un entramado de apoyo
logístico para
las pequeñas y medianas empresas europeas; y la creación de un sistema
unificado de
evaluación del personal investigador de la UE.
15. Fomentar la cooperación y convergencia
tecnológica dentro de la UE
74. UPyD apoyará el establecimiento de alianzas estratégicas entre los Estados
miembros de la UE, y entre la UE y otros terceros Estados, para coordinar
acciones,
aglutinar iniciativas, evitar la duplicación de esfuerzos y orientar la
investigación hacia
el desarrollo económico sostenible y el bienestar social.
75. Apostamos por consolidar el desarrollo del recién creado Instituto Europeo
de
Tecnología y del Espacio Europeo de Investigación mediante la creación de sedes
especializadas en las potencialidades de cada Estado miembro de la UE, con
especial
énfasis en la rentabilidad de dichas sedes y el fomento la cohesión
interterritorial y la
articulación del tejido productivo.
76. Para potenciar el propio Espacio Europeo de Investigación, UPyD impulsará
medidas como la libre circulación del conocimiento dentro del mercado europeo;
la
libre circulación de investigadores con igualdad de derechos y deberes; la
coordinación
efectiva de las distintas políticas nacionales de ciencia y tecnología; el
desarrollo de
infraestructuras de investigación de categoría mundial; la defensa de la
cooperación
entre el mundo público y el privado con políticas efectivas de transferencia de
conocimiento y tecnología; la promoción de la difusión efectiva del
conocimiento a la
sociedad; la creación de plataformas tecnológicas a nivel europeo (clusters y
networks)
como vehículo de competitividad e internacionalización de empresas y grupos de
investigación; el desarrollo de proyectos multidisciplinares que fomenten las
sinergias
entre diferentes áreas tecnológicas y de conocimiento; la formación de personal
especializado de apoyo a la solicitud de proyectos del VII Programa Marco de la
UE
para fomentar la cooperación entre empresas y grupos de investigación europeos;
y la
creación de un programa de pasarelas, intercambio y tutorización entre
investigadores y
empresarios de los diferentes Estados miembros de la UE.
16. Desarrollar una Política Europea de
Cooperación Internacional y Desarrollo
77. Entendemos que la UE se halla en una posición privilegiada para profundizar
en los Objetivos del Milenio en política de Cooperación al Desarrollo,
asumiendo los
valores universales de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia,
igualdad,
imperio de la Ley y respeto a los Derechos Humanos como la base sobre la que
articular
el compromiso de la UE con el desarrollo de los denominados países del Sur, a
través
de una distribución más equitativa de la renta, la riqueza y el poder a nivel
mundial.
78. Partiendo del análisis de la situación actual de la Ayuda Oficial al
Desarrollo
(AOD) en el marco de la UE, y considerando los nuevos retos y objetivos que la
propia
Unión tiene por delante en la próxima legislatura en tanto que actor de gran
peso en la
escena global, propondremos en el Parlamento Europeo cumplir con los
compromisos
internacionales de cantidad y calidad de la AOD, ponderando cual es la
capacidad real
de absorción de fondos de los países receptores y destinando al menos un 50%
del total
de la AOD europea a la construcción y refuerzo de la capacidad institucional de
los
Estados, especialmente de los africanos. En este sentido, el Apoyo
Presupuestario y
Sectorial se ha revelado como una herramienta de gran valor, pero resulta
necesaria una
valoración realmente crítica de la efectividad de este instrumento y la
adopción de
criterios consensuados a nivel de la Unión, que permitan estimar de la mejor
forma
posible la pertinencia de iniciar o continuar operaciones de apoyo
presupuestario,
partiendo del análisis objetivo de la situación concreta de cada país receptor.
79. UPyD impulsará que la Eurocámara exija el compromiso de todos los Estados
miembros de haber elevado, al final de la legislatura 2009-2014, el porcentaje
de AOD
que canaliza a través de los organismos de la Unión Europea, pasando del 17%
actual al
40%, y asegurando el compromiso de la Unión de elevar progresivamente el
porcentaje
de AOD que se dirige a países menos desarrollados, desde el 50% actual hasta,
al
menos, el 80%.
80. UPyD promoverá que la UE asuma un papel efectivo de liderazgo a nivel
mundial en cuanto a la puesta en práctica de los principios de eficacia de la
ayuda de la
Declaración de París, así como de la Nueva Agenda de Eficacia de la Ayuda de
Accra.
En este sentido, y bajo los principios de alineación y complementariedad,
proponemos
que se realice un análisis conjunto y coordinado, a nivel europeo, del “valor
añadido” de
cada Estado miembro donante en cada sector y zona geográfica, para sumar
capacidades
y distribuir el trabajo en aras de potenciar la eficacia de la ayuda enviada y
de
maximizar sinergias que redunden en beneficio de los receptores, siguiendo el
espíritu
de lo establecido en el Código Europeo de Conducta sobre complementariedad y
división del trabajo en la política de Desarrollo. UPyD también defenderá que
se revisen
y refuercen, bajo este prisma de maximización de la eficacia de la ayuda, los
mecanismos de coordinación y cooperación entre las distintas agencias de
Cooperación
al Desarrollo de los Estados miembros y EuropeAid, los instrumentos de control
conjunto de la eficacia y transparencia en el empleo de la ayuda, así como las
iniciativas
de coordinación con otros actores no estatales en el terreno y la coherencia
entre
políticas europeas, especialmente las de cooperación, seguridad, comercial y
agrícola.
81. UPyD propondrá un programa de trabajo que acometa la inclusión de las
distintas agencias de Cooperación al Desarrollo de los Estados miembros en una
nueva
estructura única bajo el paraguas de Europe Aid, como agencia única de la UE
para
gestionar la Cooperación al Desarrollo bajo las directrices del Comisario de
Desarrollo
dentro de la Comisión Europea, otorgándole a este un papel central en las
negociaciones
comerciales que establezca la Unión con los países receptores de Ayuda Oficial
al
Desarrollo (AOD) europea, y bajo el control de la Eurocámara.
82. Propondremos potenciar el papel de los llamados Acuerdos de Asociación
Económica como factor de integración regional, especialmente en África,
promoviendo
la modificación de la composición interna de los 4 bloques con los que se
negocian
acuerdos regionales actualmente, respetando la estructura de las agrupaciones
regionales
ya existentes en el continente, en especial de la Comunidad de Desarrollo de
África
Austral, que ha resultado especialmente “fragmentada” entre los diversos
bloques
negociadores y cuya unión aduanera, prevista para 2010, corre grave peligro de
no
poder ponerse en práctica por efecto de los Acuerdos de Asociación Económica.
83. UPyD promoverá el refuerzo y extensión a todos los países receptores de
ayuda de la Unión Europea de los mecanismos de arbitraje internacional y mutua
rendición de cuentas previstos dentro del Acuerdo de Cotonou para los países de
África,
Caribe y el Pacífico, en especial de las asambleas parlamentarias y consejos
ministeriales conjuntos.
17. Protección de los derechos sociolaborales de
los trabajadores de la UE
84. UPyD defiende incondicionalmente los avances sociales conseguidos por los
trabajadores europeos, singularmente el derecho social de establecimiento de
tiempos de
trabajo diario y semanal, de periodos de descanso diario, de pausas, de
descanso
semanal, de vacaciones anuales y de aspectos de trabajo nocturno, de trabajo
por turnos
y de ritmo de trabajo, que en todo caso deberán ser compatibles con las
exigencias
derivadas de las garantías de seguridad y salud en la ordenación del tiempo de
trabajo.
Para ello UPyD defenderá la efectiva aplicación de la Directiva 2003/88/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a
determinados
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo y apoyará la exigencia del
Parlamento
Europeo, adoptada por mayoría absoluta el 17 de diciembre de 2008, de supresión
de las
opt-out y de la jornada laboral de más de 48 horas semanales.

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